sábado, julio 20, 2024

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Envían a la cárcel a 7 de los 8 acusados en la operación Gaviota

Santo Domingo (República Dominicana).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó hoy 18 meses de prisión preventiva para siete de los ocho detenidos en la operación Gaviota, puesta en marcha por las autoridades contra una red que supuestamente estafó más de 3,000 millones de pesos a través de un esquema fraudulento representado por Investor Winner.

La medida fue impuesta a Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Carlos Manuel Jiménez, Joanna Del Cristo Amparo, William Félix  D’ Oleo y Yunior Ariel Espinosa Martínez.

Contra la imputada  Lucia Martínez Colón se dictó garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida.

De acuerdo con la acusación, la red prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%.

La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas, añade la imputación del Ministerio Público.

Agrega, a la vez, que los acusados prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.

Por igual, reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima y creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal.

Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.

Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.

Usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.

A la vez, hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.

Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.

Esta estructura ha dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros, algunos hasta hipotecaron sus casas y otras propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner, de acuerdo con la acusación.

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