La Justicia chilena ha determinado este lunes que el alcalde del municipio de Recoleta, Daniel Jadue, debe cumplir prisión preventiva, en el marco de la investigación del caso farmacias populares, por el que el militante comunista está siendo indagado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal. En el cuarto día de formalización en el tercer juzgado de garantía de Santiago, en el Centro de Justicia de Santiago de Chile, la jueza Paulina Moya ha determinado que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”, en la línea con lo solicitado por la Fiscalía, que pedía la prisión preventiva, la medida cautelar más fuerte.
“Todo esto es un show de la Fiscalía, quieren un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”, aseguró este domingo Jadue, a horas de conocer la resolución. Lo hizo durante una presentación en una feria del libro en Santiago de Chile, la Furia del Libro. “Estoy tranquilo. Es más, si se da el escenario de la prisión preventiva, créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ese y muchos otros desafíos más para que sigamos construyendo un proyecto popular. No tengo ningún problema”, aseguró el alcalde, que participó del lanzamiento de su libro Disputar el pasado para construir el futuro: la Unidad Popular, un proyecto vigente. “Tenemos una Fiscalía llena de prejuicios, pero carente de pruebas. Eso quedó absolutamente claro. Con un PowerPoint y dos fotos no da en nuestro país para encarcelar a nadie y menos para una prisión preventiva”, aseguró, mientras era animado por personas con banderas con la frase Jadue Presidente 2026 y con gritos de “Daniel, amigo, el pueblo está contigo”.
Jadue cumplirá la prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, un penal para imputados por delitos no violentos, ubicado en el mismo barrio de Santiago donde está el Centro de Justicia.
Durante la audiencia en que se resolvió la medida cautelar, la jueza de garantía Paulina Moya leyó uno a uno los motivos por los que consideró que el alcalde debía quedar en prisión preventiva. Además, señaló que el tribunal “no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión”.
Los cinco delitos
Los fiscales Xavier Armendáriz y Giovanna Herrera arrancaron con la formalización de la investigación el pasado miércoles contra Jadue, una de las figuras más prominentes del Partido Comunista (PC), colectividad que es parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric, aunque el alcalde no es precisamente una figura cercana al mandatario. Ha sido por una serie de delitos ocurridos durante su gestión en la pandemia de la covid, cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
La Achifarp, hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación, es una organización que Jadue creó en 2016, un año después de que emprendiera el que fue uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta. Fue una iniciativa a la que se fueron sumando con el tiempo 170 municipios del país y que consiste en conseguir precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.
El Ministerio Público inició la investigación hace tres años, y el alcalde ha negado permanente las imputaciones. “Estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la fiscalía han hecho” dijo el miércoles, antes de entrar a la primera jornada de audiencias. Es indagado junto cinco de sus colaboradores por realizar maniobras para ocultar a la Achifarp los complejos estados financieros de la organización gremial, lo que consideró como “operaciones abusivas”. En 2020 compraron miles de insumos médicos en la pandemia, como mascarillas, termómetros, guantes y pecheras desechables, por la que la asociación pagó una suma superior a los 1000 millones de pesos chilenos (más de un millón de dólares). Y si bien le entregaron a Achifarp los productos, la mayoría, sin embargo, quedó sin uso y guardado en bodegas, dijo el fiscal. A ello se suma que contrajeron millonarias deudas con proveedores, que derivaron en “un contexto general de morosidad”.
Armendáriz reiteró en las jornadas de formalización en varias ocasiones que el alcalde y los funcionarios ejercieron “abusivamente sus facultades”. “Durante los años 2020 a 2022, el imputado Daniel Jadue, en su calidad de presidente de la Achifarp como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, teniendo a su cargo la gestión y salvaguarda del patrimonio social, realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp”, explicó el fiscal en el tribunal.
La indagatoria arrancó cuando la empresa de insumos médicos Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, liderada por Jadue. La firma dijo estar al borde de la quiebra, pues había realizado importaciones durante la emergencia sanitaria que no le habían sido canceladas y acusó una deuda aproximada a los 1.000 millones de pesos (cerca de un millón de dólares). Tras ello, la Fiscalía abrió otras aristas, pues un vendedor de la firma se autodenunció al Ministerio Público y señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos que la imputación señala que fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.
Jadue, arquitecto y sociólogo, lleva tres periodos como alcalde de Recoleta. Por ello no se postulará en los comicios de octubre de 2024 pues por ley ya cumplió su etapa máxima de 12 años en el cargo. En julio de 2021, se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Gabriel Boric, que representaba al Frente Amplio y quien finalmente llegó a encabezar La Moneda.
Precisamente, esa campaña primaria de Jadue fue recordada en la audiencia por la fiscal Hererra, pues se produjo en paralelo a los hechos por lo que ha sido formalizado los últimos días. La abogada se preguntó por qué el jefe municipal de Recoleta no alertó en ese tiempo de la compleja situación financiera a los integrantes de Achifarp. Al respecto, dijo que, al ser en 2021 candidato presidencial y candidato a la reelección en la municipalidad, “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas que habían realizado en la Achifarp durante el año 2020″ y “necesario hacerlo porque, obviamente, toda su trayectoria política o toda su capacidad de candidato presidencial podía ser desvirtuada por una gestión de esta naturaleza”.
Al Centro de Justicia, donde el pasado miércoles arrancó su formalización, Jadue llegó custodiado por decenas de militantes comunistas que llevaban banderas del partido y gritaban a su favor. El presidente del PC, el diputado Lautaro Carmona, señaló que “todos saben que formalizar no es sentencia”. “Estamos aquí para demostrar jurídicamente que las afirmaciones que se hacen son no ha lugar y, por consiguiente, nosotros sostenemos que Daniel, lo decimos desde el punto de vista político, no somos tribunal, es inocente”, agregó hace unos días.
La formalización de Jadue ha significado un duro golpe para el PC, que ha iniciado una ofensiva para defender a su alcalde. El martes pasado, ocho parlamentarios comunistas, junto a las firmas de 1.500 personas, suscribieron una carta en la que señalan que el caso “representa no sólo una persecución política y judicial hacia una figura pública, sino también una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile”. Este domingo, en entrevista con la Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que “dependiendo del desenlace [de la formalización], puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.
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